Países Bajos y su condición de jurisdicción offshore

Aunque no es una de las jurisdicciones offshore más famosas, ni de las más utilizadas tanto por empresas como particulares españoles, las ventajosas condiciones fiscales que ofrecen los Países Bajos podrían tener los días contados. Todo ello, por parte de una iniciativa del propio gobierno.

Los Países Bajos podrían dejar de ser una jurisdicción offshore, decisión replanteada por parte del mismo Gobierno. Y todo por la sanción impuesta por parte de la Comisión Europea a la compañía estadounidense Starbucks en Holanda. La popular empresa de cafeterías estaba siendo beneficiada gracias a un acuerdo fiscal o tax ruling que le permitía ahorrar millones de euros en tributos.

El Gobierno holandés reniega ahora de su perfil como jurisdicción offshore, como ha declarado Jeroen Dijsselbloem, titular de Finanzas, “si lo que ocurre es que las grandes compañías (asentadas en el país) no pagan impuestos, nuestro sistema fiscal es parte del problema, y no queremos ser el centro de un debate“. Y es que, en su opinión, lo que empezó como una forma racional de evitar dobles imposiciones “se ha convertido en nada de impuestos para algunos, lo cual no es nada bueno“.

En la actualidad, los Países Bajos cuentan con más de 10.000 empresas que se benefician de las condiciones ventajosas de esta jurisdicción offshore. En concreto de las entidades de propósito especial (SPE) con una presencia limitada en general a meros buzones de correo. En Ámsterdam, un edificio del grupo Intertrust, por ejemplo, alberga la sede en papel de centenares de multinacionales. Entre las compañías españolas que operan a través de Holanda como jurisdicción offshore figuran Telefónica, Repsol, Endesa, Red Eléctrica, Iberdrola, Unión Fenosa, Abertis y Ferrovial.

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