Andorra es de sobra conocido por una legislación fiscal muy favorable para los inversores extranjeros interesados en ahorrar en un pago de impuestos que, en numerosas ocasiones, es excesivo en su país de origen.

Por ello, el país pirenaico se encuentra actualmente elaborando un modelo de jurisdicción offshore entre el típico modelo clásico con el secreto bancario como objetivo prioritario, y un modelo de baja imposición como los establecidos por Chipre o Malta.

Bajo el nombre de ‘Andorra 2020‘, el gobierno ha incluido una serie de reformas fiscales legales con la intención de atraer a una gran multitud de empresarios e inversores extranjeros, reforzar la seguridad jurídica de las empresas y cumplir con las medidas exigidas por la OCDE.

Andorra inició el plan en el año 2006, y desde entonces han sido aprobadas diversas leyes. La más importante fue la “Ley sobre las inversiones extranjeras“, la cual permite por primera vez el establecimiento de sociedades con un 100% de capital extranjero. Y para las ya establecidas, este porcentaje aumenta desde el 33% hasta el 49%.

Otra ley es la de “Intercambio de información fiscal“, que permite a Andorra participar en investigaciones de fraude fiscal con terceros países, siempre y cuando exista un previo convenio de doble imposición. Argentina y España, entre otros, ya se han suscrito a este convenio.

La segunda fase del plan ‘Andorra 2020‘ pasa por adecuarse a los estándares internacionales de transparencia, además de la introducción de los impuestos directos, con un porcentaje de entre el 10 y el 15%, al nivel de los países de la UE con la carga impositiva más baja.

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A.M.

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