El Ministerio de Hacienda está ultimando la reforma para transponer la directiva europea en manera de tributación y para luchar contra la elusión de capitales. Una de las principales medidas es el endurecimiento del impuesto de salida que grava el cambio de residencia a otro países de los que posean más de 4 millones de euro en acciones o participaciones, o más de un millón de euros en el caso de tener más de un 25% de la empresa.  

La Unión Europea ha incorporado y endurecido esta medida a su directiva contra la elusión fiscal que entrará en vigor en el año 2019. En esta norma se aplica que no sólo se tributará cuando se produzca el cambio de residencia, sino que sólo por trasladar los activos a otro país se deberá cumplir con obligaciones fiscales, afectando así al cambio de patentes de un país a otro.  Esta norma europea adapta el plan BEPS, plan contra la erosión de las bases impones que lidera la OCDE.

Un proyecto que busca acabar con la ingeniería y planificación fiscal agresiva de las multinacionales para reducir el pago de impuestos y que ya se ha incorporado a la legislación española. Las filiales extranjeras y matrices que facturen más de 750 millones ya están obteniendo su información de 2016 para suministrarla a la Agencia Tributaria en 2017.

Junto a esta medida, Hacienda debe transponer otros capítulos que incluyen la directiva europea pero no el plan de la CDE, como la adaptación de los más de 90 convenios multilaterales que estaba ha firmado para supervisar a las multinacionales.

Desde el próximo año, España recibirá datos tributarios del exterior y tendrá acceso a las cuentas financieras en el exterior de los españoles que vivan en más de los 100 países que han firmado el intercambio automático de información.

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