Historia de las amnistías fiscales en España. Un repaso a los últimos 30 años

El primer gobierno socialista de Felipe González aprobó en 1984 una amnistía fiscal que el ingenio de algunos economistas del PSOE bautizó como la del Pozo del Tío Raimundo. Una expresión que hacía mención a Raimundo Ortega, economista de larga trayectoria, y por aquel entonces, director general del Tesoro y posteriormente, director general del Banco de España.

El pozo de Raimundo Ortega le ha servido, 32 años después, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para justificar el indulto a las rentas no declaradas, aprobado en el año 2012 y que provocó un fuerte debate político.

Muchos dirigentes socialistas criticaron con dureza aquella amnistía fiscal. Y la dimisión de José Víctor Sevilla, ex secretario de Estado de Hacienda, se relaciona con este hecho. Así como la marcha de Miguel Boyer del Ministerio. Éste dimitió entre la publicación de la ley que regulaba la fiscalidad de determinados activos financieros, en mayo de 1985 y la publicación en octubre de ese año, del Real Decreto, ya con Carlos Solchaga como ministro de Economía y José Borrell como responsable de Hacienda. El Decreto consistía en imponer una retención del 45% a determinados activos financieros negros.

Este Real Decreto señalaba que la característica de esos activos se centraba en la liberación de las obligaciones de información sobre los sucesivos inversores. Sin embargo, se reconocía que sus titulares, no identificables por la hacienda pública, tendrían la obligación de integrar las rentas generadas en su base imponible.

Esa amnistía no tenía nada que ver con la que ha echado para atrás recientemente el Tribunal Constitucional (TC). Entre otras cosas, debido a que por entonces no existía la Agencia Tributaria ni las retenciones para los compradores de activos públicos.

La segunda amnistía que desarrolla Montoro y el PP es una conclusión de la primera, es decir. Había mucho dinero sin identificar metido en activos financieros de dudosa moralidad, por lo que, había que blanquearlo. Y eso fue lo que hizo el gobierno de González, aprovechando la nueva ley del IRPF de 1991, para dar un trato privilegiado a los titulares de aquellos títulos.

En concreto, se aprobó la creación de una deuda pública especial, que se emitía al descuento, con un rendimiento del 2%, muy por debajo de la rentabilidad de otras emisiones y de la propia inflación. Pero con una trampa diseñada por los altos funcionarios de Hacienda.

El vencimiento de la emisión, que era cuando se cobraban los rendimientos, se fijó en 1997, seis años después de la emisión de la deuda pública especial, con lo que el suscriptor se libraba de una infracción fiscal, e incluso penal, debido a que ya había prescrito el delito.

En ese momento, el gobierno de González esgrimía que las rentas del trabajo declaradas en el IRPF no concordaban con las cifras reales de otro tipo de rentas, como las derivadas del capital. Así que, para acabar con ello, impusieron una elevada retención a cambio de opacidad fiscal.

El argumento que se da ahora desde el actual gobierno es que se “echó el anzuelo, pero había que poner un cebo”. “Sin un cebo mínimamente atractivo”, sostiene el ministro de Hacienda, “no hay ningún éxito, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”. Lo que en su momento fue el Pozo del tío Raimundo, hoy es el Pozo del tío Cristóbal.