El pasado 13 de diciembre, el Parlamento Europeo acordó que Malta, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda no pueden considerarse como paraísos fiscales.

Una enmienda del grupo socialista que enumera los cuatro estados miembros de la UE específicamente por su nombre era parte de 211 recomendaciones contenidas en un informe de un comité especial de investigación sobre lavado de dinero y evasión fiscal el comité PANA, para catalogar a estos países como paraísos fiscales. Sin embargo, la propuesta obtuvo 327 votos en contra, 327 a favor y 24 abstenciones, lo que significa que no pudo adoptarse porque no había mayoría.

Según el texto, la inversión extranjera directa en Malta equivale a «1.474% del tamaño de su economía», mientras que Luxemburgo y los Países Bajos combinados tienen más inversión interna que los Estados Unidos.

El voto de los eurodiputados es la última etapa del trabajo del comité especial, que se creó a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá con el objetivo de erradicar las prácticas reveladas por los documentos filtrados.

Según un informe de la ONG internacional Oxfam, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y Malta deberían haber sido etiquetados como paraísos fiscales por la UE.

Definición de paraíso fiscal

El Parlamento Europeo respaldó una definición internacional común de lo que constituye un paraíso fiscal: un centro financiero extraterritorial, refugio secreto, jurisdicción fiscal no cooperativa y un país de alto riesgo.

Recomendaciones aprobadas

Entre las otras recomendaciones aprobadas, también está el establecimiento de una comisión permanente de investigación sobre impuestos, basada en el modelo del Congreso de los Estados Unidos.

Los eurodiputados también pidieron un cambio en la votación sobre la política fiscal del Consejo de la UE, desde la unanimidad actual (exigida por la legislación de la UE) hasta una mayoría cualificada.

Esto podría alcanzarse mediante una decisión de la Comisión Europea para hacer una propuesta de reforma fiscal en virtud del artículo 116 del tratado de la UE, que conduzca a una codecisión entre el consejo y el parlamento, con una mayoría calificada en el consejo.

Los estados miembros «bloquean mucho cuando se trata de combatir el lavado de dinero, y tenemos pruebas de eso», dijo Jeppe Kofod, eurodiputado del partido socialdemócrata.

Además, se adoptó un cambio en el grupo del Código de Conducta, un grupo de expertos nacionales que trabajan en cuestiones tributarias, para «redefinir radicalmente» su estructura de gobierno y transparencia.

Los eurodiputados votaron también nuevas reglas para regular a los intermediarios, como abogados y contadores, que ayudan a la planificación fiscal agresiva y más incentivos para abstenerse de participar en la evasión fiscal y la elusión fiscal.

Asimismo, aprobaron registros de beneficiarios reales «actualizados regularmente, estandarizados, interconectados y de acceso público» de sociedades offshore, fundaciones, fideicomisos y acuerdos legales similares.

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