La transposición parcial de MiFID II crea inseguridad jurídica

La Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID II), entró en vigor el pasado 3 de enero. Sin embargo, su transposición parcial al ordenamiento jurídico español crea “inseguridad jurídica y afecta negativamente a los inversores”, advierten los expertos.

Esta Directiva tiene por fin garantizar la transparencia en los mercados y aumentar la protección de los inversores en productos financieros.

El Gobierno español transpuso el pasado 29 de diciembre, una parte de MiFID II mediante la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley de medidas urgentes, acelerando así la transposición de la directiva al evitar el trámite parlamentario.

Pero su implementación incompleta no convence a los expertos. Según Fernando Zunzunegui, coordinador de la Asesoría en Regulación de la EFPA en España, “la falta de una total transparencia de MiFID II al derecho español crea inseguridad jurídica y lastra la competitividad de nuestra industria financiera”.

Sin embargo, reconoce que a través de las directrices y guías de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y de la CNMV, están disponibles los criterios que se van a aplicar por parte de los supervisores. “De tal modo, que las entidades financieras y los inversores disponen de un puerto seguro su aplican dichos criterios”, aseguró Javier Flores, responsable de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver).

Para éste, la transposición parcial de MiFID II significa menos garantías para los inversores. No obstante, espera que las entidades financieras que operan en España implementen lo que falta. La adopción total de MiFID II se prevé para antes de abril.

Para Miguel Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del IEB, “la mayor parte relacionada con la protección a los inversores si lo está”, lo que supone un avance.

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