MiFID II lleva un año de retraso

La entrada en vigor de MiFID II estaba prevista para el 3 de enero de 2017, pero la Unión Europea decidió retrasarla un año debido a la incapacidad de cumplir a tiempo con los requisitos técnicos exigidos por la normativa por parte de los reguladores y de las entidades financieras. Más doce meses no han sido suficientes, ya que sólo 11 de los 28 países de la UE han podido cumplir totalmente con los plazos de transposición. España no está entre ellos.

“Con este retraso, España queda en el vagón de cola, comprometiendo el buen funcionamiento del mercado”, apunta Fernando Zunzunegui. Aunque MiFID II supone una reordenación importante, “esa dificultad no justifica la demora”, señala. Según éste, los políticos españoles no han estado a la altura y espera una rápida tramitación parlamentaria para la transposición de la Directiva y contar así con una nueva Ley de Mercado de Valores adaptada a MiFID II.

El supervisor advierte que “las entidades, infraestructuras y demás participantes del mercado ajustarán con carácter general su organización y actividades al conjunto de reglas y obligaciones emanadas del conjunto normativo MiFID II-MiFIR a partir del 3 de enero de 2018”.

Para el experto Javier Flores, la directiva es aplicable y su cumplimiento es exigible. Sin embargo, asegura, “otra cosa es que al no transponerse en su totalidad, haya elementos que tendrán que ser desarrollados y concretados”.

La parte implementada en el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de ministros el pasado 29 de diciembre es la vinculada a los centros de negociación y al nuevo régimen sancionador. De acuerdo a la Directiva, el funcionamiento de los mercados financieros en España se normaliza de acuerdo a los estándares internacionales, lo que supone mejoras en transparencia, eficacia y estabilidad en los mercados.  Además, introduce requisitos sobre gobierno corporativo para los órganos rectores de estos mercados en nombramientos y conflictos de interés, pero no integra aspectos como retrocesiones (incentivos que dan las gestoras de fondos a los que distribuyen sus productos), gobernanza o research (análisis financiero).

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