La lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, una lista amañada

El pasado 5 de diciembre de 2017, la Unión Europea aprobó su propia lista negra de paraísos fiscales, un instrumento contra la evasión fiscal y el fraude tributario en los países miembros. Sin embargo, esta lista excluye a Suiza y Gibraltar, entre otros.

Se trata de una orientación para las políticas de los Estados miembros, ya que ni para los grandes magnates ni propietarios e sociedades offshore les ha inquietado esta decisión ya que no han visto coartada su libertad de poder seguir disfrutando de estos paraísos fiscales.

Se trata de un intento mediático de proyectar una pretendía política pública común europea contra la evasión y el fraude fiscal, que reducen los ingresos de las arcas de los endeudados miembros europeos. Es una medida irrelevante, teniendo en cuenta que el mundo se rige por la libertad de movimientos de fondos y por la competencia entre las diferentes políticas fiscales de los Estados miembros.

El origen de esta lista negra se debe al escándalo de la filtración en 2014 por la ICIJ de los 548 acuerdos fiscales de Luxemburgo a grandes multinacionales como IKEA, Deutsche Bank, Amazon, entre otras, concediéndoles reducciones tributarias para que residenciaran sus beneficios globales en el Gran Ducado.

La Unión Europea ha recurrido a una vieja técnica denominada “name & shame”, “nombrar y avergonzar”, a determinados territorios calificándoles como paraísos fiscales. Esta lista ha aparecido 17 años después de que la OCDE publicara en el año 2000 una lista partiendo de una definición técnica de lo que caracterizan a los paraísos fiscales: baja o nula tributación, carencia de intercambio de información fiscal, falta de transparencia fiscal y ausencia de actividad económica real local para beneficiarse de los beneficios tributarios.

En los años noventa, la OCDE detectó la aparición de unas jurisdicciones que atraían capitales extranjeros mediante la concesión de ciertos beneficios, en perjuicio de otros países.

Esa definición fue una referencia internacional para los gobiernos hasta su anulación en la cumbre del G20 en 2009, que genero una cortina de humo para esconder el hecho de que los centros financieros offshore habían sido una de las causas de la crisis financiera mundial. Los titulares de prensa sobre esa cumbre anunciaron que el secreto bancario y los paraísos fiscales habían desaparecido. Y desde entonces, la realidad es que esas jurisdicciones, más Suiza, Luxemburgo, Londres o Delaware, han sido identificados por la opinión pública internacional como paraísos fiscales, ya que representan el papel de refugio fiscal o se presentan o han sido reconocidos como tal.

Pero, sin referencia a ninguna normativa internacional, sino en aplicación del criterio de la reputación. Y todo ello, ante la indiferencia de los gobiernos del mundo y de la Unión Europea para disfrute de la gran banca y comunidad financiera mundial.

La lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea

Históricamente, las instituciones europeas ignoraron los llamados paraísos fiscales, de hecho, en sus documentos oficiales nunca se mencionó la expresión paraíso fiscal. Por lo que, la lista de paraísos fiscales de la UE se denominó así por los medios de comunicación, pero en el documento oficial se denomina lista de jurisdicciones no cooperantes en materias  fiscales, que comprende dos listas. La primera, una lista negra de 17 países que no han respondido a las solicitudes de información del ECOFIN o que no se han comprometido a hacer que su política arbitraria cumpla con los criterios de la UE.

Y la segunda lista, está comprendida por 47 países considerados fiscalmente perjudiciales, pero que se comprometieron a mejorar la transparencia y otras deficiencias de su legislación tributaria que estará sujeta a una revisión en 2018.

Con algunos de esas jurisdicciones, la Unión Europea mantiene acuerdos bilaterales para la aplicación de la directiva europea sobre fiscalidad del ahorro, que tendrían que haber supuesto transparencia tributaria, pero esto se ha ignorado por parte de la UE. Según las explicaciones oficiales, esta segunda lista se creó como una opción de último recurso si fracasaban los demás esfuerzos para lograr el compromiso del tercer país.

El proceso de elaboración de la lista, complejo y opaco

El objetivo era que las jurisdicciones que estuvieran dispuestas para la cooperación fiscal con los países de la UE no figurarían en la lista, siempre que manifestaran un compromiso claro y concreto. Paradójicamente, a los estados miembros de la UE no se les han aplicado esos criterios aplicados a terceros países.

A la opinión pública se le ha ocultado el desarrollo de los contactos entre las representaciones de los gobiernos para la creación de la lista, por lo que, ambas son el resultado de un proceso de elaboración opaco de selección seguido de debates políticos dentro del Grupo sobre el Código de conducta en tributación empresarial dependiente del Consejo, un comité intergubernamental.

Una lista con valor indicativo para los Estados miembros

La lista negra de paraísos fiscales tiene simplemente un carácter indicativo y defensivo, de hacer  frente al atractivo de estos países. Una finalidad meramente orientativa para las políticas bilaterales de los gobiernos europeos.

Y en este sentido, en ningún caso los Estados miembros han llegado a un acuerdo sobre posibles sanciones.

Un portavoz del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, Sven Giegold, considera que esa decisión de Europa “socava la credibilidad de la UE, ya que los Estados miembros se han limitado a acordar una lista negra blanqueada de paraísos fiscales. Ni uno de los más importantes paraísos fiscales ha sido incluido en la lista. Por lo que, la lista está políticamente sesgada al excluir a centros financieros relevantes. Desde el principio, los Estados miembros de la UE quedaron completamente excluidos del proceso de selección aunque los Países Bajos, Irlanda, Malta, Luxemburgo, Reino Unido y Chipre no cumplen los criterios propios de la UE”.

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