Las criptomonedas pronto dejarán de estar libres de impuestos

 Desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado controlando el mercado de las criptomonedas. Debido a esto, algunos procesos legales se han desarrollado bajo las leyes anti lavado de dinero en contra de diversas personas que supuestamente facilitaron el uso de bitcoins a individuos que comerciaban con productos ilegales.

Por esta razón, algunos dueños de centros de intercambio de bitcoin han sido procesados a pesar de que declararon que no tenían ni idea qué tipo de productos se estaban adquiriendo mediante esa criptodivisa. E incluso, algunos han sido condenados a quince años de prisión por permitir a esas casas de cambio facilitar transacciones comerciales en el sitio Silk Road.

Estos procedimientos fueron un augurio de la persecución al sector de las criptomonedas por parte de los reguladores estadounidenses. Una persecución que ha puesto fin a este mercado, cuyo destino era ser un espacio libre de regulaciones. La FinCEN, la Financial Crimes Enforcement Network, exige que todas las transacciones realizadas en monedas virtuales por ciudadanos americanos estén sujetas a las limitaciones de la legislación anti-lavado de dinero y a los permisos comerciales estatales.

Y esto ha sido solo el comienzo de otras causas legales abiertas en contra de usuarios de bitcoin, lo que sugiere ensañamiento por parte del Gobierno de Estados Unidos hacia el mercado de las criptomonedas.

Un quiropráctico del estado de Luisiana utilizó sus cuentas comerciales para vender cientos de miles de dólares en bitcoins. Por este motivo, fue declarado culpable de operar un negocio de servicios financieros no autorizados. Y fue acusado también de promocionar servicios en bitcoins en el sitio localbitcoins.com, un mercado a través del cual los usuarios de todo el mundo compran y venden esta criptomoneda. El quiropráctico y su hijo aceptaron giros postales, tarjetas prepagas y dinero en efectivo por valor de más de 3.5 millones de dólares, a cambio de bitcoins adquiridos previamente en el mercado.

Este caso señala claramente la manera injusta en que las monedas virtuales están siendo reguladas, ya que las transacciones en criptomonedas están sujetas a las leyes federales de anti lavado de dinero, por las cuales los comerciantes están obligados a verificar la identidad de sus clientes de la misma manera que hacen los bancos.

Y por si esto fuera poco, no existe aún un concepto claro de cómo se van a gravar las transferencias en criptomonedas.

Para la IRS, el Servicio Interno de Impuestos de los Estados Unidos (Internal Revenue Service), la criptomoneda es una “propiedad”, y por lo tanto, no una divisa. En el comunicado “2014-21”, ésta institución del gobierno expresó su posición con respecto a las criptodivisas declarando que “las monedas virtuales son consideradas una propiedad por la comisión impositiva federal de los EEUU”, y que “los principios impositivos generales que aplican para las transacciones de propiedades o bienes, aplicarían igualmente a las transacciones en criptomonedas.

Esto significa que las monedas estarían sujetas a impuestos sobre las ganancias de capital a corto o a largo plazo, dependiendo de la cantidad de tiempo en que la divisa haya estado en poder del vendedor.

Canadá y Reino Unido han adoptado las mismas medidas que la IRS, mientras que en Australia o Japón, han decidido tratar a las criptomonedas como cualquier otra moneda emitida por el estado.

Si en Europa se consideraran como bienes, las criptomonedas estarían sujetas al IVA, tanto al ser compradas, como al ser intercambiadas por algún bien o servicio y también a la hora de venderlas o utilizarlas para comprar algún producto. Es decir, una única transacción generaría una doble o tripe tributación.

Otros organismos reguladores estadounidenses han hecho pública la opinión de que la criptomoneda podría llegar a ser algo más que un bien o una divisa. La Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU, la SEC, afirmó el 11 de diciembre de 2017, en una carta del presidente que “aunque llamemos a un producto divisa, o lo consideremos basado en una divisa, esto no significa que el producto no sea simplemente un valor financiero”.

“He solicitado a la Division of Enforcement de la SEC, que continúen vigilando este asunto muy atentamente, y recomiendo se tomen represalias contra aquellos que ofrezcan intercambios monetarios que violen las normas de seguridad federal.”, rezaba el comienzo de esta misiva.

Desde la CFTC (Commodities Futures Trading Commission), han manifestado su intención de regular las criptomonedas.

Sin embargo, es el Congreso el que tiene la última palabra. Recientemente, el Proyecto de Ley S1241 agregó clausulas a la actual legislación anti lavado de dinero, según las cuales, las criptomonedas se agregan a los conceptos de cuentas y reportes financieros. Esto exige que  los propietarios como usuarios de criptomonedas reporten a FATCA.

Pero el mencionado Proyecto de Ley es por el momento un proyecto, no obstante, es solo cuestión de tiempo hasta que la ley se constituya como tal, y por tanto, que todas las transacciones y cuentas que involucren criptomonedas tengan que ser reportadas.

¿Existe una solución?

Aunque aún es demasiado pronto para dar una respuesta definitiva, un usuario que obtiene una buena fuente de ingresos a través de las criptomonedas debería establecer una sociedad offshore en un paraíso fiscal o territorio low tax o zero tax. Existen jurisdicciones donde se permite el intercambio comercial en bitcoins libre de impuestos, como por ejemplo Vanuatu o Panamá.

En Vanuatu el bitcoin está considerado como un valor financiero. Y en Panamá, entra en la categoría de valor de cambio o de transmisión de dinero.

Con una sociedad offshore podrá minimizar todos los impuestos sobre capital generado en el extranjero. Debido a que la venta de bitcoins se realiza principalmente a individuos fuera de Panamá, solo es necesario estructurar la empresa de manera adecuada y así acceder a este beneficio. Y para evitar cualquier problema con el fisco estadounidense, es recomendable que la sociedad offshore pertenezca a un fideicomiso o fundación, de forma que los dueños puedan obtener dividendos al mismo tiempo que están exentos de conflictos con el IRS, por ejemplo.

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