Ecuador emprende su lucha contra los paraísos fiscales

Los funcionarios de Ecuador que han ingresado al servicio público a partir del 8 de septiembre de 2017, deberán jurar que no poseen recursos y bienes en paraísos fiscales, bajo la medida acordada en febrero del año pasado, como parte de una cruzada nacional para enfrentar esa práctica.
En las últimas horas, se han registrado aglomeraciones de trabajadores en las notarías, ante la desinformación respecto a quiénes debían realizar ese trámite legal, lo que obligó al Ministerio del Trabajo de Ecuador a extender hasta el próximo día 6 de abril el plazo de recepción de los documentos, que inicialmente se había fijado para el día 6 de marzo.
En un breve comunicado, el Ministerio de Trabajo señaló que «aquellos que ingresaron al sector público a partir del 8 de septiembre de 2017 podrán entregar esta declaración en la Unidades de Administración de Talento Humano (UATH) de la institución a la que pertenecen, hasta el 6 de abril de 2018».
Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, si no hacían eso tenían que destituir a miles de trabajadores que no cumplieron con la fecha para dicho trámite.
La Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular de 2017 señala que los servidores públicos o los que ostenten una dignidad de elección popular y tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes y jurisdicciones de menor imposición, deben presentar una declaración sustitutiva jurada de bienes a la Contraloría General del Estado.
Según el artículo 225 de la Constitución de Ecuador, las instituciones, organismos, y entidades del sector público serán las encargadas de requerir ese documento, a través de sus departamentos de Talento Humano, y deberán registrarlas en los expedientes de los servidores públicos.
En febrero del año pasado, los ecuatorianos votaron en las urnas si estaban de acuerdo en que para desempeñar un cargo público se prohíbe la tenencia de bienes o capitales en paraísos fiscales. Y éstos respondieron mayoritariamente “Sí”.
La decisión de consulta surgió tras el escándalo de los Papeles de Panamá, en el que fueron identificadas 589 sociedades offshore propiedad de ecuatorianos.

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