La Agencia Tributaria aprovechará la información recabada con la amnistía fiscal y Modelo 720 con el proceso de declaración voluntaria de bienes no declarados en el extranjero (Modelo 750) y con otras fuentes tributarias, como la información divulgada a partir de los Papeles de Panamá, para crear un censo de grandes patrimonios bajo sospecha de fraude fiscal.  
Este mecanismo para la lucha contra el fraude empezó a utilizar este registro de sospechosos el año pasado y acaba de revelar sus resultados. Estas actuaciones han permitido al fisco exigir 332.8 millones de euros a este grupo de contribuyentes.
Aquellos que más defraudan son contribuyentes con un patrimonio superior a los 10 millones de euros, pero también los que están por debajo de ese umbral pero que se consideran especialmente relevantes», explican desde la Agencia Tributaria.
Estas actuaciones no habrían sido posibles sin determinadas iniciativas, algunas puestas en marcha en los últimos años, como el proceso de regularización extraordinaria, más conocido como amnistía fiscal. Esto es el procedimiento de declaración voluntaria de bienes en el extranjero, entre otras medidas más recientes como los acuerdos de intercambio automático de información con el IRS de Estados Unidos a través del Modelo FATCA y con el resto de países de la OCDE.
Todo esto ha permitido a la Agencia Tributaria una explotación masiva del bruto de información a su disposición y conseguir aislar a un grupo de contribuyentes de alto riesgo y configurar un registro que servirá como referencia a los inspectores de Hacienda para dirigir mejor sus investigaciones para combatir el fraude.
No solo analizamos la información que se puede atribuir a un contribuyente concreto sino también la que se le puede atribuir de una forma indirecta por sus participaciones societarias, sus relaciones familiares o su relación con otros contribuyentes con los que tengan algún tipo de relación», aseguran fuentes desde la Agencia Tributaria.
Gracias a eso, desde la Agencia Tributaria tendrán más fácil la lucha contra el fraude y la posibilidad de perseguir las irregularidades más comunes, como los esquemas de planificación fiscal agresiva, los entramados societarios y la ocultación de activos en el exterior.
«Esta nueva herramienta nos permitirá realizar un tratamiento especializado de la información, rastrear la evolución de la situación de los contribuyentes e incluso realizar una gestión de cobro más eficaz», apuntan desde Hacienda.

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