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Los ministros de Finanzas de la Unión Europea, conocido como Ecofin, han alcanzado un acuerdo sobre un proyecto de Directiva que obligará a intermediarios, asesores fiscales, contables y abogados que crean o promueven estructuras de planificación fiscal, a informar de aquellos mecanismos que se consideren potencialmente agresivos.

A través de esta Directiva, se exigirá a los Estados miembros que intercambien automáticamente la información que reciben mediante una base de datos centralizada. Esto hará posible que se detecten nuevos riesgos de elusión fiscal y que se tomen las medidas necesarias para bloquear esos mecanismos. Aquellos intermediarios que no cumplan estas medidas de transparencia, recibirán sanciones por parte de los Estados miembros.

Estos nuevos requisitos de comunicación entrarán en vigor el 1 de julio de 2020. A partir de esa fecha, los estados de la Unión Europea estarán obligados a intercambiar información cada tres meses, en el plazo de un mes desde el final del trimestre en que se haya presentado. Es decir, el primer intercambio automático de información se completará aproximadamente el 31 de octubre de 2020.

A los 27 estados de la UE les resulta muy complicado proteger sus bases imponibles, ya que las estructuras de planificación fiscal transfronteriza han adquirido mayor complejidad. Por lo tanto, esta Directiva está dirigida a evitar la planificación fiscal agresiva.

El principal objetivo de esta Directiva es detectar aquellos mecanismos de planificación fiscal que no sean legítimos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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