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El parlamento de Reino Unido ha promulgado una nueva ley que exige que sus territorios de ultramar, que incluyen los paraísos fiscales de Bermuda, Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, comiencen a divulgar la información para 2020 de los beneficiarios de las empresas y sociedades offshore que se registran.

Esto podría poner fin a la evasión fiscal y otros delitos financieros en el extranjero, incluso en Estados Unidos, donde durante mucho tiempo se ha podido establecer sociedades offshore secretas para esconder dinero.

Actualmente, los gobiernos de estos territorios generalmente no entregan información a las agencias impositivas de otros países que intentan rastrear a los sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Asimismo, tampoco ponen esa información a disposición de los periodistas y el público. Sin embargo, según la nueva ley, todo esto cambiará para 2020.

Los Territorios de Ultramar de Reino Unido han favorecido la evasión fiscal

En realidad, hay dos tipos de evasión de impuestos en alta mar, y Bermuda, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas han facilitado ambas. El primer tipo es la evasión de impuestos, que esta nueva ley trata de abordar e involucra a las personas que simplemente ocultan sus ingresos a sus autoridades fiscales. Esto es claramente ilegal.

El segundo tipo generalmente se llama elusión de impuestos, que implica el uso de lagunas y trucos contables para hacer que las ganancias parezcan ser obtenidas en alta mar cuando en realidad no lo son, pero sin violar necesariamente la ley.

La distinción entre los dos puede ser nebulosa, y de hecho algunos dicen que la diferencia depende de qué tan bueno sea su abogado. Por lo general, la evasión fiscal en jurisdicciones offshore es un delito cometido por individuos, mientras que la elusión de impuestos es común entre las grandes corporaciones. Una cosa que ambas prácticas tienen en común es la dependencia a paraísos fiscales.

Los gobiernos de estos territorios de ultramar se oponen rotundamente a la nueva ley del Reino Unido porque les privará de la capacidad de generar millones cada año en tarifas de incorporación. Las Islas Caimán están amenazando con demandar para bloquear su aplicación sobre la base de que interfiere inconstitucionalmente con su derecho de autogobierno.

Una de las razones principales por las que las personas que buscan ocultar su dinero eligen estos territorios es porque los consideran como parte del Reino Unido, en gran parte utilizando la ley británica y beneficiándose de la estabilidad que conlleva.

Pero ahora, cuando el Reino Unido quiere poner fin al secreto financiero que facilita el crimen, los territorios claman que son naciones independientes a las que no se les puede decir qué hacer. Independientemente de lo que afirmen los territorios, generalmente se acepta que el Reino Unido de hecho controla los asuntos internacionales y este tema cae dentro de ese ámbito.

Pero los críticos de la nueva ley británica argumentan que gran parte de los ingresos que fluyen hacia las sociedades offshore secretas en estos territorios de ultramar se redirigirán a compañías ficticias en Estados Unidos, como Delaware, donde ni siquiera se recopilan las identidades de las personas que registran corporaciones en su jurisdicción.

Actualmente, en Estados Unidos hay proyectos de ley en el Congreso que quieren lograr esto, como la Ley de Transparencia Corporativa bipartidista y la Ley de Incorporación Verdadera para la Aplicación de la Ley (TITLE). Además, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes está considerando seriamente aprobar la legislación bipartidista contra el lavado de dinero, la Ley Contra el Terrorismo y el Financiamiento Ilícito, que también permitirá la recopilación de información sobre la propiedad. Estos proyectos de ley no irían tan lejos como la ley del Reino Unido en el sentido de que el gobierno no publicaría públicamente quién posee qué entidad comercial. Pero esta información se registraría y se pondría a disposición de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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