Reino Unido adoptará leyes sobre la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero

Reino Unido adoptará amplias leyes europeas diseñadas para combatir el terrorismo y el lavado de dinero, ha confirmado el gobierno, en una medida que podría desenmascarar por primera vez a los beneficiarios de miles de sociedades offshore y fideicomisos secretos.

En una carta enviada a la diputada Margaret Hodge, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS), dice que el gobierno adoptará la quinta directiva de la UE contra el lavado de dinero.

La legislación fue creada tras la escalada de la violencia terrorista en Europa y como respuesta a los Papeles de Panamá, en la que un consorcio mundial de periodistas reveló el uso generalizado sociedades offshore y de fideicomisos para lavar dinero generado por sobornos, corrupción y evasión fiscal.

En la carta que confirma la intención del gobierno, Lord Henley, subsecretario de Estado parlamentario de la BEIS, escribió el 16 de julio: “Usted pregunta sobre los planes del gobierno con respecto al cumplimiento de los requisitos de la quinta directiva contra el lavado de dinero. El plazo para la transposición de la directiva cae dentro del período de implementación y el Reino Unido transpondrá esta directiva”.

Reino Unido saldrá oficialmente de la UE el próximo mes de marzo, pero mientras continúen las negociaciones sobre el acuerdo final, habrá un período de transición hasta finales de diciembre de 2020. Durante este tiempo, Gran Bretaña ha prometido acatar todas las nuevas y existentes leyes europeas.

La quinta directiva contra el blanqueo de dinero contiene las siguientes medidas:

  1. Registros públicos de propietarios de empresas en todos los estados miembros.
  2. Acceso a los nombres de los beneficiarios de los fideicomisos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y aquellos con un “interés legítimo”, incluidos los periodistas de investigación y las ONG.
  3. Una base de datos transfronteriza de propietarios de empresas y fideicomisos, supervisada por la comisión europea.
  4. Acceso automático a los nombres de los titulares de cuentas bancarias para las unidades nacionales de inteligencia financiera.

“Esta es una gran noticia”, dijo Alex Cobham, director ejecutivo del grupo de campaña Tax Justice Network. “Al menos en esta área, Reino Unido no perseguirá una carrera post-Brexit hasta el fondo en secreto financiero. Esta decisión ayudará a establecer la quinta directiva y su posición en los registros públicos como estándar internacional”.

La directiva se aplica solo a los estados miembros, en lugar de a sus satélites. Los centros financieros offshore afiliados al Reino Unido tendrán que decidir si adoptan algunas o todas las medidas. Los territorios de ultramar, que incluyen las Islas Vírgenes Británicas y las Bermudas, y las dependencias de la corona de Jersey, Guernsey y la Isla de Man aún permiten que las compañías y los fideicomisos registrados en sus costas operen en secreto.

En el caso de un Brexit sin trato, no está claro si el gobierno todavía implementará nuevas leyes de la UE, como la quinta directiva contra el lavado de dinero. Sin embargo, es probable que Reino Unido se apegue estrictamente a la política de la UE sobre el blanqueo de dinero si quiere tener acceso continuo a los mercados europeos.

La adopción de la directiva en el Reino Unido aumentaría la presión de cara a la transparencia en la red de paraísos fiscales afiliados. Una coalición entre partidos liderada por Hodge ya forzó al gobierno a adoptar una legislación que revelaría a los propietarios de sociedades offshore en los territorios de ultramar.

Las dependencias de la corona dependen en gran medida de hacer negocios con instituciones financieras europeas, como bancos y fondos de pensiones. En el pasado, eligieron adoptar una serie de medidas contra el blanqueo de dinero introducidas por Bruselas, como la creación de unidades de inteligencia financiera.

“Las dependencias de la corona, reconociendo la importancia para sus modelos comerciales de mantener un acceso total a los mercados de la UE, probablemente se alineen con el estándar”, dijo Cobham.

Los Estados miembros deben transponer la directiva a su legislación nacional antes del 10 de enero de 2020, casi un año antes del final del período de transición del Brexit. Los parlamentarios tendrán que decidir qué restricciones colocar en el acceso a la información sobre los propietarios de fideicomisos.

No habrá una base de datos pública, pero los estados miembros tendrán que establecer reglas para permitir que aquellos con un “interés legítimo” obtengan la información caso por caso. La directiva dice que esas reglas deberían tener en cuenta el trabajo preventivo de organizaciones no gubernamentales y periodistas en la lucha contra el lavado de dinero.

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