Hacienda, al acecho de quienes cambian de residencia para tributar menos

De acuerdo con el sistema tributario español, la condición de contribuyente viene determinada por la residencia habitual. Pero no todos pagamos los mismos impuestos. En algunos casos, la cuantía puede variar, y mucho, de unas comunidades autónomas a otras.

Este hecho ha provocado el auge de un fenómeno singular: la huida de muchos contribuyentes de sus domicilios habituales a otros puntos de la geografía con impuestos menos exigentes. Pero la realidad es que ese éxodo, en muchos casos, se hace solo sobre papel. Y conscientes de la pérdida de recaudación que supone, las haciendas autonómicas comienzan ya a investigar a esos “prófugos tributarios”.

Los impuestos de la discordia

Algunos tributos no varían, o lo hacen levemente, de unas comunidades a otras. Es la Ley 22/2009, de 18 de diciembre la que regula el sistema de financiación de las comunidades y marca la diferencia en dos artículos: el 47 y el 48. Se centran en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, respectivamente.

En el primero de ellos establece que las comunidades pueden asumir competencias respecto al mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones del Impuesto sobre el Patrimonio.

El segundo artículo otorga a las comunidades competencias en cuestiones como reducciones de la base imponible, bonificaciones de la cuota o coeficientes del patrimonio preexistente, entre otros aspectos, en lo que al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

¿Y esto qué significa? Que dependiendo de la comunidad en la que se resida la fiscalidad es mucho más o menos gravosa. Para darse cuenta de las diferencias, basta con saber que en Madrid, por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio tiene una bonificación del 100 %, mientras que Aragón prevé un mínimo exento de 400 000 euros. Y algo parecido ocurre en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Si cualquiera de estos impuestos puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el pequeño contribuyente, solo hay que imaginarse el alcance que pueden tener en el caso de aquellos que poseen grandes patrimonios. ¿La solución? Un “éxodo fiscal” sobre el que Hacienda está dispuesta a estrechar el cerco.

¿Qué dice la ley sobre la residencia habitual?

De manera genérica, la Ley General Tributaria establece que la residencia habitual del contribuyente es aquella en la que permanece más de 183 días dentro del año natural. Ahora bien, este concepto que se aplica de manera genérica en el IRPF varía ligeramente en su aplicación en otros impuestos.

En el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aplica el mismo criterio que en el IRPF. La diferencia es que en lugar de tener en cuenta el año natural se tienen en cuenta los 365 días anteriores al devengo del impuesto.

No ocurre lo mismo en el Impuesto sobre el Patrimonio. En este caso, los días de permanencia en un domicilio se pueden contabilizar en el periodo de los cinco años inmediatamente anteriores a la liquidación.

¿Y si no se cumplen estos requisitos? La misma Ley 22/2009 establece en su artículo 28 de manera muy clara, tanto qué se considera residencia habitual como las consecuencias de no tributar en la comunidad que corresponde. Así, señala que “no producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos.”

Así, al contribuyente “cazado” se le aplicarán las normas tributarias de la comunidad en la que tenga su principal centro de intereses (donde obtenga la mayor parte de la base imponible del IRPF) o donde tuviera su última residencia declarada a efectos del mismo impuesto, según el caso.

En definitiva, hacer trampas tiene consecuencias. Las haciendas autonómicas cuya recaudación depende en parte de los impuestos de Patrimonio y de Donaciones y Sucesiones parecen dispuestas a no dejarse engañar. Al fin y al cabo, se trata de las arcas públicas.

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