El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a poner en duda el Modelo 720 de España sobre la declaración de bienes en el extranjero

La admisión por parte del Tribunal Supremo de tres recursos de casación relacionados con la declaración de bienes y derechos en el extranjero confirma la existencia de dudas relevantes sobre esta materia.

¿Es legal la normativa que regula la declaración de bienes y derechos en el extranjero?  ésta, que se lleva a cabo mediante el modelo 720, se encuentra nuevamente en entredicho tras la admisión de hasta tres recursos de casación relacionados por parte del Tribunal Supremo. ¿En qué punto nos encontramos?

El 23 de octubre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) solicitaba que se declarara que España había incumplido las libertadas fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, en la aplicación de la declaración demasiado exhaustiva de los bienes y derechos en el extranjero por parte de particulares.

La CE era tajante:  considera que es contrario a esas libertades que el incumplimiento de la obligación de declarar los bienes situados en el extranjero tenga como consecuencia la calificación de esos bienes como ganancias de patrimonio que no prescriben y que, por ende, se impongan multas pecuniarias fijas (150%) de un nivel superior a otras sanciones previstas para infracciones similares. En pocas palabras, España abusa en este sentido.

A día de hoy, son muchos los contribuyentes que ya han sufrido esta regulación tachada de excesiva por Europa pero no así por España y han acudido a los tribunales de Justicia. Los casos no dejan de aumentar. La mayoría defienden lo mismo: la enorme desproporción de las sanciones que los equipos de inspección están imponiendo. Mientras que a modo formal, los tribunales de Justicia de las diferentes CCAA están dando la razón al contribuyente pidiendo al estado una mayor motivación de la culpabilidad, sin que sea suficiente la mera remisión a la norma que impone esa sanción en caso de incumplimiento.

Los tribunales autonómicos al igual que los europeos consideran que queda fuera de un razonamiento justo un régimen sancionador tan severo ante unas obligaciones de información tan sumamente complejas. Por ejemplo, el pasado viernes 24 de julio de 2020 se admitían hasta tres recursos de casación sobre los bienes situados en el extranjero no declarados o declarados tardíamente en el modelo 720.

¿En qué punto nos encontramos?

Tal y como encontramos en expansión.com, es el propia Tribunal Supremo el que se plantea poner sobre la mesa el debate de si la inexistencia de prescripción respecto de las rentas con las que se adquirieron los bienes se adecúa a las normas comunitarias además de si a tenor de los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad de nuestra propia normativa interna, puede practicarse una liquidación por IRPF sin sometimiento a plazo de prescripción alguno.

 

Seguiremos expectantes…

 

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