Al descubierto los dueños reales de todas las sociedades con la nueva Ley Antiblanqueo

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La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno introducirá un cambio importantísimo impuesto por Bruselas. A partir de cuando se haga pública, la titularidad real de todas las sociedades españolas se incorporará a un registro público que cualquier ciudadano podrá consultar. Personajes públicos, empresarios y políticos serán los más perjudicados.

Cuando hablamos de titularidad real se entiende las personas físicas que están realmente detrás de una sociedad con al menos un 25% de su capital, pese a que haya otras sociedades interpuestas. En la mayoría de los casos el objetivo es ocultar la identidad del último propietario de estos entramados.

Siempre esta información ha estado en manos de notarios que estaban obligados a compartirlas con las fuerzas de seguridad, la Agencia Tributaria y los tribunales, pero no en ningún momento era pública.

Sin embargo, la UE con la Quinta Directiva Europea antiblanqueo de 2018 -que España va a trasponer ahora en la nueva ley con gran retraso- obliga a que se cree un registro donde el acceso sea público. Huelga decir que el actual registro mercantil solo incluye los administradores de las sociedades, pero no a sus propietarios.

¿Dónde se aplicará esta obligación? no solo a las sociedades mercantiles, también a trust, fideicomisos o fundaciones. Instrumentos que se constituyen en numerosas ocasiones -aunque no siempre- con el único fin de ocultar a los titulares reales del patrimonio que figura a su nombre como son acciones, bonos, fondos de inversión, inmuebles….

La confidencialidad, en peligro

No cabe duda que en materia de blanqueo de capitales, esta Ley supondrá un antes y un después y que pondrá en apuros a muchos personajes públicos al descubrir que poseen un patrimonio que ellos creían que podían mantener en secreto. Es decir, una pérdida de privacidad en búsqueda de una mayor transparencia por parte de las autoridades europeas.

Cabe tener en cuenta que en ocasiones el blanqueo de capitales es una herramienta muy potente para prevención de delitos más graves, como tráfico de armas, de drogas, de personas… por lo que esta ley puede suponer una lucha contra la criminalidad.

En España, la confidencialidad ha sido una de las exigencias tradicionales de los altos patrimonios y en negocios como la banca privada, la discreción es la clave para atraer y conservar clientes. Con la nueva ley se reduce a la mitad el tiempo en el que los políticos deben hacer públicos sus bienes para los investigadores, además de eximir a sus familiares y allegados de esta obligación.

¿Pero cuál será la realidad? muchas de estas sociedades pantalla -que buscan ocultar la identidad de los titulares reales- están domiciliadas en paraísos fiscales o en países sin intercambio de información, como Panamá. Por lo que “perseguirlas” por no facilitar sus datos no va a ser fácil.

Otra de las novedades más llamativas de la ley es que extiende las obligaciones de facilitar información sobre operaciones sospechosas a la operativa con criptomonedas, en un momento en que el bitcoin experimenta una subida estratosférica debido a su gran popularidad, pero que muchos consideran una burbuja.

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