Porqué la UE no considera a Luxemburgo un paraíso fiscal

Porqué la UE no considera a Luxemburgo un paraíso fiscal

El pequeño Gran Ducado de Luxemburgo está luchando una vez más contra las acusaciones de ser un paraíso fiscal después de que la investigación de OpenLux revelara que el país alberga “55.000 empresas offshore que gestionan activos por valor de al menos 6 billones de euros”.

La investigación, realizada por el diario francés Le Monde y otros medios asociados, describe a estas empresas como “fantasmas” porque no tienen oficinas ni empleados. Según las afirmaciones, casi el 90% de estas entidades están controladas por no luxemburgueses, como multimillonarios, multinacionales, deportistas, artistas, políticos de alto rango y familias reales.

El gobierno de Luxemburgo dijo que “rechaza las afirmaciones hechas en estos artículos, así como la descripción totalmente injustificada del país y su economía“. La declaración oficial declaró que la nación está “totalmente en línea y en conformidad con todas las regulaciones de la UE e internacionales y los estándares de transparencia y los estándares de transparencia“.

Pero a pesar de las garantías, la exposición de OpenLux inevitablemente llegó a los titulares de todo el mundo y reforzó la imagen del Gran Ducado como un paraíso fiscal, una etiqueta temida que durante años se ha asociado con el pequeño país de solo 626.000 residentes.

La polémica también trajo consigo una realidad incómoda: la notoria ausencia de Luxemburgo en la lista de paraísos fiscales de la UE.

La lista negra de la UE

La idea tradicional de un paraíso fiscal habla de un país o territorio que impone una tasa impositiva baja, o ninguna tasa impositiva en absoluto, y es utilizada por las corporaciones para evitar impuestos que de otro modo serían pagaderos en un país con impuestos altos.

Según el Fondo Monetario Internacional, los paraísos fiscales cuestan colectivamente a los gobiernos entre 500 mil millones y 600 mil millones de dólares al año en ingresos fiscales corporativos perdidos.

En un intento por luchar contra el fraude fiscal, la evasión y elusión fiscal, así como el blanqueo de capitales, la Unión Europea decidió establecer una lista de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales.

La primera lista se adoptó en diciembre de 2017 y los ministros nacionales del Consejo de la UE la actualizan dos veces al año. El consejo no emplea el término “paraíso fiscal” y en cambio habla de “países que fomentan prácticas fiscales abusivas, que erosionan los ingresos fiscales corporativos de los estados miembros“.

Pero hay un problema: la lista se dirige exclusivamente a países que no pertenecen a la UE. En el momento de redactar este informe, los países y territorios incluidos en la lista negra se encuentran todos fuera del bloque: Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de EE.UU., Vanuatu y Seychelles.

Los vecinos de la UE como Suiza, San Marino y Andorra están resaltados en verde, lo que significa que el consejo considera que cooperan con el bloque y han implementado todos los compromisos necesarios.

Deficiencias y omisiones

Para los defensores, la lista negra de la UE no está a la altura de las grandes ambiciones del bloque. Un análisis reciente de Oxfam dice que la lista “sigue fracasando en la identificación eficaz de los países que utilizan prácticas fiscales nocivas y ayudan a los más ricos a eludir sus impuestos“.

El informe agrega que Luxemburgo tuvo niveles de Inversión Extranjera Directa entrando y saliendo del país de 67 a 100 veces mayor que su PIB total.

Luxemburgo tiene un sistema que favorece la transferencia de beneficios dentro de una empresa a través del pago, por ejemplo, de dividendos o propiedad intelectual.

Llamadas al cambio

Los legisladores europeos están de acuerdo con los defensores de que la debilidad y los defectos de la lista negra de paraísos fiscales de la UE requieren un cambio urgente. Los eurodiputados creen que la lista no ha estado a la altura de “todo su potencial, jurisdicciones actualmente en la lista que cubren menos del 2% de las pérdidas de ingresos fiscales en todo el mundo“. Llaman al sistema actual “confuso e ineficaz”.

Entre las reformas sugeridas, los eurodiputados quieren que el consejo amplíe el alcance de la lista y someta a escrutinio a los miembros del bloque. Los legisladores dicen que los países de la UE que están en conflicto deben ser considerados paraísos fiscales hasta que “se implementen reformas fiscales sustanciales”.

Luxemburgo solo se menciona una vez en la resolución cuando los eurodiputados citan el índice de paraíso fiscal corporativo mencionado anteriormente.

El texto fue aprobado dos semanas antes de la publicación de las revelaciones de OpenLux, que están preparadas para alimentar el debate y proporcionar munición adicional a los legisladores.

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