La nueva Ley de Seguridad Nacional de España podrá requisar los bienes a ciudadanos y empresas en época de crisis

Se trata de una de las leyes más controvertidas del gobierno español, formado en coalición por los socialistas del PSOE y los comunistas de Podemos. Pese a su defensa por parte de los miembros del gobierno, las críticas de la oposición y el inmenso rechazo por parte de los ciudadanos amenazan con derrocar una ley que supone, según los expertos, en un retroceso en las libertades de España. A falta de que la propia Unión Europea se pronuncie sobre ella. Estas son sus consecuencias…

Imposible que haya pasado desapercibida la Ley de Seguridad Nacional que prepara el ejecutivo del presidente Pedro Sánchez. Muchos ya la califican como una ley propia de extremistas y no es para menos. Ésta atañe a algo tan en entredicho en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de los toques de queda, estados de alarma y control de la pandemia: los derechos y libertades fundamentales.

La oposición critica esta ley como una ley que no es propia de un país europeo, si no bolivariano. El texto obliga a toda persona mayor de edad a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes en caso de que se declare un estado de crisis en nuestro país según las directrices del Consejo de Seguridad Nacional que no ha establecido excepciones.

El Estado podrá quedarse con lo que es tuyo

¿Qué significa eso? Que tanto particulares como empresas podrían poner todo lo suyo a disposición del gobierno. ¿Es esto legal? Por una parte es una ley, y como tal, sería de obligado cumplimiento pero por otro iría en contra de la propia Constitución Española y de los derechos de los ciudadanos.

Los más críticos, ponen el grito en el cielo en el cariz autoritario que desde hace ya más de año y medio, con la excusa de la pandemia por la Covid-19, y las renovaciones constantes del estado de alarma, ha adquirido el gobierno de Pedro Sánchez, al que por otro lado le dan cada vez con más claridad como perdedor en las próximas elecciones generales del país que tendrán lugar dentro de dos años. Tiempo suficiente para acometer una ley tan polémica como peligrosa.

El anteproyecto de dicha ley fue presentado el pasado 22 de junio en el Consejo de Ministros y se encuentra pendiente de aprobación definitiva para su remisión al Congreso. Sin embargo, tiene un problema en el horizonte, se trata de una ley ordinaria y no orgánica, lo que puede plantear problemas jurídicos debido a que solo las leyes orgánicas pueden afectar a derechos fundamentales tanto a personas como a empresas.

En este último punto, es cuando llega una de las grandes polémicas. La Ley de Seguridad Nacional obligaría a las empresas y entidades jurídicas a colaborar con las autoridades a la superación de la crisis mediante una prestación de carácter personal o material. Basándose como excusa en un texto del artículo 30 de la Constitución Española, según el cual “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”. Un artículo que en su apartado 30.4 establece que “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública“. Una interpretación peligrosa que ha hecho el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Otros puntos a destacar son la colaboración con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo, medidas para evitar que se repitan situaciones de desabastecimiento de productos y bienes críticos para afrontar una crisis, garantizar el suministro de recursos de primera necesidad y carácter estratégico mediante el autoabastecimiento bajo condiciones. En este punto el Consejo de Seguridad Nacional elaborará y actualizará un catálogo de recursos humanos y materiales, de propiedad pública o privada, que puedan ser útiles en caso de crisis.

El control y la privación de libertades acometidos durante este último año para frenar la pandemia de la Covid-19 ha crispado cada vez más a los ciudadanos, y esta ley podría ser la gota que colma el vaso para producirse incluso movilizaciones e incluso para continuar mermando la popularidad de un presidente del gobierno en sus horas más bajas. Además de que chocaría con las leyes actuales y podría dar lugar a numerosos juicios y denuncias de los ciudadanos y empresas frente a los tribunales.

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