Islas Vírgenes Británicas es una de las jurisdicciones que cuenta con una gran cantidad de sociedades offshore incorporadas desde hace años, y luego de firmar un acuerdo de intercambio de información automática entre Argentina y Estados Unidos, empezaron a circular suposiciones de todo tipo.
Sin embargo, concretamente el alcance de la reforma de la ley de sociedades de las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”), que entrará en vigor en 2023 busca seguir preservando un equilibrio y lograr que los usuarios finales de su jurisdicción se sientan respaldados, a través de decisiones que los protegen y que les brindan seguridad y confianza.
¿Qué esperar próximamente?
Al no lograr alcanzar un equilibrio entre el beneficio que supone evitar, en algún punto, la evasión fiscal y el lavado de activos y el perjuicio que se genera dañando la privacidad de las personas. El tribunal más alto de justicia de la Unión Europea hace tan solo dos semanas, entre otras cosas, decidió que Luxemburgo y los Países Bajos cortaran inmediatamente el acceso del público en general a la información relacionada con accionistas y beneficiaros finales.
Mientras que, por el lado de los Estados Unidos, la ley conocida como “U.S. Corporate Transparency Act” ha comenzado a implementar un sistema de identificación de beneficiarios finales en línea con el de BVI. Esto quiere decir que en Estados Unidos tampoco habrá un registro público de beneficiarios finales, sino la obligación de aportar esta información a FinCEN, bajo estricta confidencialidad.
Sabemos que hay jurisdicciones offshore nuevas y es muy difícil prever cómo van a reaccionar ante las presiones de organismos multilaterales. A través de pequeños cambios, BVI ha buscado siempre preservar un equilibrio, y BVI es una jurisdicción líder en incorporación de sociedades offshore y una de las ideales para la incorporación de fondos de inversión, trusts y empresas prestadoras de servicios financieros de distinta clase.
BVI siempre ha buscado, proteger lo mejor posible la privacidad y tranquilidad de las personas que utilizan estructuras jurídicas establecidas en su territorio, ante las constantes intervenciones de la OCDE, la Unión Europea, el G-20 y el FMI, y de hecho lo continúan haciendo en su nueva reforma.
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